La Junta recupera 18 viviendas ocupadas de forma ilegal en una actuación policial en el barrio malagueño de la Trinidad
Los inmuebles se estaban utilizando como depósitos y puntos de venta de drogas y para el consumo de estupefacientes.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha podido recuperar la posesión de 18 viviendas públicas en alquiler, pertenecientes a tres promociones del barrio de la Trinidad, en Málaga, que forman parte del parque residencial titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
La recuperación ha sido posible tras una intervención policial en la que se registraron 24 viviendas, utilizadas por un clan organizado como lugar para el depósito y la venta de drogas, como espacios para el consumo de estupefacientes y para dar apoyo logístico a actividades ilícitas varias.
La operación desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía, con la colaboración de AVRA, se ha desarrollado en tres edificios localizados en las calles Canoa y Bustamante. La Policía registro durante esta intervención un total de 24 viviendas, procediendo a la detención de diez personas, todas ellas integrantes de un conocido clan organizado, presuntamente vinculado a actividades delictivas.
Durante la operación policial, el equipo de Trabajo Social de AVRA en Málaga ha dado cobertura a tres familias residentes en las promociones que han sido objeto de los registros, las cuales son adjudicatarias de viviendas en dichos edificios.
Las viviendas que han sido recuperadas por AVRA a raíz de esta intervención de la Policía, la mayoría de las cuales estaban ocupadas de forma ilegal por quienes se encontraban en ellas, van a ser ahora reparadas y una vez estén en condiciones de ser de nuevo habitadas, se pondrán a disposición del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Málaga, para que designe a las familias adjudicatarias.
La intervención policial que ha propiciado la recuperación de estas 18 viviendas en La Trinidad permitirá disponer en breve de esos inmuebles, para poder adjudicarlos a otras tantas familias que llevan años inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, esperando que les sea asignada una vivienda protegida en alquiler.
